|
Pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, en el sentido de que “el Estado debe limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos”, la administración de Felipe Calderón ya militarizó la seguridad pública por una supuesta lucha contra el crimen organizado. La militarización, históricamente se ha traducido en violaciones sexuales a las mujeres, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. El Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez ha documentado, del 2007 al primer semestre de este año, 50 casos de abusos de militares contra mujeres en distintas entidades. Desde hace medio siglo, la violación fue proscrita por los Convenios de Ginebra, las normas internacionales que rigen los conflictos: “Las mujeres serán especialmente protegidas... contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor.” En México es letra muerta. Un caso conocido fue el de la indígena de 73 años Ernestina Ascención, violada por cuatro efectivos del ejército en la Sierra de Zongolica, Veracruz y después de que fue motivo de un debate nacional, las pruebas de la violación se esfumaron, junto con la familia de la víctima.
Pero no es el único caso. Lamentablemente, es muy extenso el expediente sobre impunidad. El precio que pagan muchas mujeres por ser críticas y enfrentarse al sistema son daños psicológicos que duran toda la vida, graves lesiones físicas, embarazo, enfermedad y muerte. Sólo por mencionar algunos, las 23 mujeres agredidas sexualmente en Atenco por fuerzas de seguridad en mayo del 2006; las 13 mujeres de Castaños, Coahuila, que el 11 de julio de 2006 fueron víctimas de una violación tumultuaria. No son actos aislados cometidos por enfermos, sino una muestra de la política de intimidación que utiliza la violencia sexual como arma de desmovilización política. Al tiempo que el gobierno de la “transición democrática” firma varios convenios internacionales contra la violencia hacia las mujeres –compromisos que no han sido cumplidos–, no limita ni frena a las fuerzas represivas del Estado. El gobierno mexicano no castiga los abusos que cometen sus fuerzas armadas, permitiendo que la violación sea un arma más de estrategia militar. Esto lo convierte en delincuente, porque cuando un soldado viola a una mujer, esa violación no es un acto privado de violencia, sino un acto de tortura del que es responsable el propio Estado. |
Municipios 
