México DF, 6 agosto 08 (CIMAC).- Ante la próxima sentencia de María Patricia Romero Hernández, encarcelada en el penal de Molino de Flores luego del operativo policíaco realizado en Atenco y Texcoco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) hace un llamado urgente a las autoridades judiciales de la entidad para que actúen conforme a Derecho y garantice su integridad física y psicológica en el penal.

El Prodh  --asociación con Estatus Consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos— informó del cierre de instrucción en el proceso 298/2007 que enfrenta María Patricia ante el Juzgado Tercero de lo Penal de Texcoco, Estado de México, por los delitos de lesiones y portación de armas, después de que fuera detenida junto con su padre e hijo en el Mercado Belisario Domínguez.

María Patricia Romero Hernández, el señor Raúl Romero Macías y el joven Arturo Sánchez Romero, han sido acusados de los delitos de lesiones, ultrajes a la autoridad y potación de arma prohibida, sin embargo, durante su proceso ante el Juez Tercero de lo Penal de Primera instancia con residencia en Texcoco, se han constatado contradicciones por parte de los policías que los señalan como culpables dichos delitos, señala el Prodh.

Actualmente está cerrada la instrucción y los tres se encuentran en espera de sentencia, ante lo cual el Prodh hace pública su preocupación si la mujer recibe una sentencia condenatoria o si se declina la competencia del juzgado, lo cual prolongaría su injusto encarcelamiento. Por ello solicita una intervención urgente del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de los jueces Primero y  Tercero de lo Penal de Texcoco y del Director del Centro de Readaptación Social.

EL OPERATIVO

El día 3 de mayo de 2006, alrededor de las 7:15 horas María Patricia Romero Hernández estaba en el negocio de su padre, Raúl Romero Macías, ubicado en el mercado Belisario Domínguez en el municipio de Texcoco, cuando policías municipales de esa localidad comenzaron a agredir a floristas y temporaleros.

María Patricia pudo observar que su hijo, Arturo Sánchez Romero, se dirigía hacía el negocio para despedirse de ella antes de irse a una excursión escolar. Sin embargo, al ver las agresiones de los elementos policíacos, Arturo sacó una cámara que traía con él y comenzó a grabar.

En ese momento el subdirector de la Policía Municipal de Texcoco, Sergio González Romero, quien se encontraba en el lugar lo detuvo agarrándolo de la chamarra y dijo: “Rómpanle la madre a este hijo de su puta madre”. María Patricia corrió para tratar de cubrir a su hijo y así evitar que lo golpearan, pero varios policías se lo impidieron jalándola de los cabellos y propinándole golpes y patadas.

Mientras era golpeada vio que su padre Raúl Romero se acercó para reclamar que cesaran su agresión, pero en respuesta empezaron a golpearlo a él también. 

Luego de golpear a las tres personas, les arrebataron todas sus pertenecías, los esposaron y trasladaron de manera violenta en una camioneta marca pick up color rojo hacía la Subprocuraduría de Texcoco. Durante el trayecto, mujeres policías se pusieron una manopla envuelta en un trapo y entre dos golpearon a María Patricia en la espalda y cadera.

En las instalaciones de la Subprocuraduría, la llevaron ante un médico legista, quien le ordenó quitarse la ropa y colocar los brazos frente a la pared, agachar la cabeza y cerrar los ojos. En ese momento le propinaron un gran golpe en la espalda a la altura de los hombros y le gritaron: “para que aprendas, pendeja”.

Posteriormente, la regresaron a los separos, donde estaban su padre e hijo. A las 16:00 horas los sacaron para que rindieran su declaración. Les informaron que un policía la acusaba de cometer un delito, por lo cual ella se reservó el derecho de declarar, negando todos los hechos que se le imputaban.

Alrededor de las 20:30 horas trasladaron a las tres personas a  la Procuraduría de Toluca y durante el trayecto siguieron golpeándolos, lo cual continuaron haciendo en ese lugar. Les pidieron también sus datos personales y a golpes los trasladaron a las tres personas al Centro de Readaptación Social conocido como “Santiaguito”.

A la par del proceso que se le sigue a la familia Romero, señala el Prodh, el Juzgado Primero de lo Penal de Primera instancia con residencia en Texcoco, Estado de México, se encuentra substanciando la causa penal 58/2007 en contra de más de 50 personas, de las cuales 10 de ellas enfrentan el proceso privadas de su libertad, por el delito de secuestro equiparado.

Por tal motivo el organismo de derechos humanos exige que a la brevedad los Jueces Primero y Tercero de lo Penal de Primera Instancia que, respectivamente conocen de las causas penales 58/2007 y 298/2007 tomen en consideración todas las constancias que obran en el expediente a fin de dictar una sentencia conforme a derecho y observando los más altos estándares en derechos humanos.

Que se garantice la integridad física y psicológica dentro del Penal de Molino de Flores. Que se observen las garantías de debido proceso y seguridad jurídica de María Patricia Romero Hernández en la última etapa del proceso dentro de la causa penal 298/2007.

Que se conceda la libertad inmediata a María Patricia, a sus familiares, así como al resto de los procesados por los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. También que se les conceda la reparación del daño por haber permanecido más de dos años injustamente en la cárcel. Y que se investigue e imparta justicia para los responsables de los delitos cometidos en contra de María Patricia y sus familiares.