La Jornada

La Universidad del Valle de México (UVM), de la firma Laureate Education –corporativo estadunidense–, despidió a tres decenas de profesores en represalia porque solicitaron el registro en un sindicato independiente.

En conferencia de prensa, los docentes anunciaron que interpondrán una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en la cual exigirán ser reinstalados de manera inmediata, que se respete su derecho a la libre sindicalización y se dé registro al Sindicato Nacional Independiente de Instituciones Educativas, Similares y Conexos 20 de Noviembre.

La UVM, por su parte, tomó medidas para impedir a esos maestros el acceso a los planteles y no les asignó materias, sin importar el reinicio de clases.

En nombre de los profesores, David Armando de la Torre, catedrático de sicología de la UVM, manifestó que esa universidad contraviene la Ley Federal del Trabajo, la Constitución y los convenios internacionales que protegen la libertad sindical en el país.

Señaló inclusive que la institución, por órdenes del rector Ángel Villa Escárcega, ahora impide la entrada a docentes que tienen varios años de antigüedad y numerosos reconocimientos a la excelencia que fueron otorgados por la misma UVM.

Denunció que la universidad tiene un contrato con el sindicato Justo Sierra, “organización que pertenece a una federación vinculada con el prófugo Ramón Gámez Martínez, abogado laboral que se hizo célebre luego de las acusaciones de pederastia que presentó en su contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”.

Armando de la Torre explicó que la UVM es propiedad de Laureate Education Inc, corporativo estadunidense, “dueño de más de 37 universidades privadas en más de 18 países”, que en México comenzó su expansión en 2000 al comprar esa institución educativa, la cual, de acuerdo con reportes financieros de la propia firma, tuvo ingresos por más de 282 millones de dólares en 2006. Este año adquirió la Universidad Tecnológica de México, lo cual le permitió convertirse en la mayor proveedora de servicios de enseñanza en el país, con más de 115 mil alumnos.

Sin embargo, ello contrasta con los sueldos y prestaciones que otorga a los profesores, “especialmente en provincia, donde muchos ganan 61 pesos por hora clase y no reciben ninguna prestación ni estabilidad laboral”, planteó De la Torre, y subrayó que la UVM debe actuar conforme a los valores que dice promover.

Lo anterior porque la institución y el sindicato Justo Sierra establecen las condiciones de trabajo en los diferentes planteles de la universidad sin tomar en cuenta a los trabajadores. Incluso, quienes se interesan y preguntan por el sindicato “son rápidamente disuadidos y, con frecuencia, despedidos”.

Hasta el momento los maestros han recibido el apoyo, antre otras, de organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical.